La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH), en marzo de 2007, supuso un nuevo paso adelante en la mejora de derechos laborales y de seguridad social para las madres trabajadoras, así como la reforma de diferentes preceptos normativos que de forma indirecta “penalizaban” la maternidad; pero, además, inicia el camino que otorga derechos de paternidad a los hombres trabajadores, reconociendo su importante papel en las tareas de atención y cuidado y permitiendo incipientemente un ejercicio más pleno de las obligaciones derivadas de la patria potestad.
La regulación legal vigente, si bien contiene aspectos positivos, resulta insuficiente: por sí misma no da respuesta a las muchas trabajadoras para las que la maternidad y las responsabilidades familiares siguen siendo un obstáculo para el acceso, permanencia y promoción en el empleo; tampoco favorece que, en la práctica, los hombres disfruten y accedan en igualdad a los permisos y reservas reconocidos; además la falta de garantías reales para el ejercicio de algunos derechos hace que quienes trabajan en sectores poco regulados, excluidos de negociación colectiva, o bajo condiciones laborales precarias se encuentren, en la práctica, excluidos/as del acceso a sus derechos.
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