Indudablemente la violencia de género provoca múltiples perjuicios en la vida de las mujeres que la sufren. Aunque los daños de más gravedad son los que se producen en relación a la integridad física y moral, también es fundamental abordar los posibles efectos negativos en el ámbito socio-laboral.
Por ello la Ley Integral contra la violencia establece una serie de derechos para asegurar que las mujeres víctimas de violencia puedan recibir la asistencia integral a la que tienen derecho (medidas de protección y recuperación) sin poner en riesgo su empleo, así como para garantizar unos recursos mínimos de subsistencia que les permitan independizarse del agresor
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